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20-04-2017 12:20

Contrabando: Cámara de Comercio de Río Grande denunció "una organización con partícipes necesarios"

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, denunció que existe “una organización” dedicada al contrabando, tras la exposición pública de la Cámara de Comercio de Ushuaia de la existencia de un delivery internacional clandestino de productos que se adquieren en la zona franca de Punta Arenas y se entregan en la provincia.

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Por FM Del Pueblo, destacó la actitud que tomó la Cámara de Comercio capitalina y remarcó que en esta situación “hay un agravante, porque la mercadería no viene de la ciudad de Punta Arenas sino de una zona franca. Están ofreciendo productos extra zona con entrega a domicilio en Río Grande o en Ushuaia, de forma sistemática. Estamos hablando de una organización, que requiere de la participación de todas las personas que permiten que esto suceda y son partícipes necesarios”.


Para Iglesias el hecho es “de mayor envergadura de lo que podría ocurrir con una persona que pasa más de lo permitido y lo oculta en el piso del baúl del auto. Estamos hablando de un accionar sistemático con un negocio que no está permitido. Hay que denunciar el delito y nosotros acompañamos a la Cámara de Ushuaia en su reclamo, porque no tenemos que tolerar estas situaciones”, dijo.


Cuestionó que el delivery de los productos sea “tan groseramente ofrecidos, difundido y propiciado. Sabemos que todo esto tampoco ayuda a las arcas provinciales y municipales, porque no se tributa, y es un agravamiento a todos los problemas que tenemos”.


Puntualmente puso la mira en la Aduana  y reclamó “acciones concretas y recaudos ante el ingreso de camiones y camionetas, porque se traen televisores, muebles, artículos de construcción, que sacan de una zona franca de Chile y lo ingresan a Argentina”.


“En este caso se trata de una zona franca que tiene una legislación impositiva distinta de la ciudad de Punta Arenas, y desde esa zona franca se cargan vehículos hacia la ciudad de Río Grande. Evidentemente los costos son otros porque hay otra reglamentación y la Aduana tendría que encauzar esto. Si no se declara y se ingresa subrepticiamente, es mercadería de contrabando”, sentenció.


“Además de la Aduana, todos los funcionarios públicos están obligados a denunciar este tipo de situaciones, aun sabiéndolo en forma indirecta. Esto está tomando un cariz que hace insoportable ver la liviandad con que se ejercen los controles”, dijo, y envió un mensaje a la funcionaria de Aduana Silvia Gomis, “que se vio sorprendida por la dureza con que la trataron los automovilistas en la frontera, en vez de revisar las conductas propias”.


“Uno comprende que a la gente le resulte más conveniente comprar el mismo artículo en un lado que en otro, pero acá hablamos de otro tema: no se puede justificar el contrabando ni se pueden justificar las bandas que se dedican a esto”, enfatizó.


“Son conductas que rozan lo criminal y de alguna forma son toleradas, y todos son responsables: la policía que está en la frontera, si sabe de un hecho así, la Gendarmería, todos son responsables de este tipo de situaciones”, concluyó Iglesias. 

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